INTRODUCCIÓN

Chile se encuentra entre los paises pioneros en llevar a una norma jurídica su concepción sobre la importancia que tiene asumir en forma de sociedad o comunidad, los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales que afecten a los trabajadores. También ostenta en la actualidad índices similares a los de paises desarrollados y el porcentaje más bajo en Latinoamérica de accidentabilidad; por lo que podemos concluir que la prevención de riesgos se ha manejado exitósamente, especialmente en la administración que han hecho los privados de este seguro obligatorio.
La Ley Nº 16.774, cuerpo principal de esta publicación, establece un seguro a favor del trabajador dependiente y de cargo obligatorio para el empleador que cubre los accidentes que tengan: a causa, con ocasión, o en el trayecto de ida o vuelta a su trabajo, y las enfermedades que sufran como consecuencia de su actividad laboral.
Un 0,95% sobre la remuneración imponible del trabajador es el aporte obligatorio que el empleador debe enterar en el Instituto de Normalización Previsional( INP), o en alguna de las Mutualidades de Empleadores administradora de estos aportes, que haya elegido libremente para cumplir con su obligación, en razón de los beneficios en infraestructura, prevención de riesgos, u otros que considere para incorporar a su empresa .
Deberá, además, pagar una cotización adicional diferenciada, de acuerdo a la escala fija que Chile asume respecto de la norma internacional establecida por las Naciones Unidas, contenida en el Decreto Supremo Nº 110, de 1968, considerando la actividad económica que desarrolle la empresa, que contempla porcentajes variables entre un 4%, como corresponde a la explotación de minas y canteras, o simplemente quedar exento de esta cotización adicional, como en el caso de la actividad comercial, exceptuando de ésta la sub-división correspondiente a las bombas de bencina, parafina y otros productos combustibles.
Las Mutualidades de Empleadores, a las cuales el Presidente de la República haya otorgado personalidad jurídica de acuerdo a lo establecido en el artículo 12, administran estos aportes, sin fines de lucro, otorgando a las empresas o trabajadores independientes adheridos a ellas los beneficios que les impone la ley, a saber, servicios médicos adecuados, especializados en rehabilitación, e incluso en capacitar al trabajador que lo requiera en un nuevo trabajo apropiado a su eventual invalidez. Chile ha conseguido muy buenos resultados en el área de prevención de riesgos, lo que en un futuro inmediato se traducirá en un valor agregado a las exportaciones, pues la política internacional en estas materias obligará a competir con productos producidos por empresas que muestren una real preocupación por capacitar al trabajador en la prevención de riesgos, tanto así que la Unión Europea ha creado la "Agencia de Seguridad y Salud en el Trabajo" para detectar a las empresas que producen sin acatar las normas internacionalmente aceptadas para prevenir accidentes en la actividad laboral.
Otro aspecto que demuestra el nuevo tratamiento que los entes empleadores, estatales o privados, deben dar a la prevención de riesgos, es el que se advierte en la especialización que en nuestro país se está realizando de profesionales como ingenieros civiles, , ingenieros de ejecución, o constructores civiles, que poseen un postgrado en alguna Universidad fuera del país, o lo han realizado en nuestro país en una Universidad o Instituto Profesional reconocido por el Estado, los que desde 1994 se han reunido en el "Colegio de Expertos en Prevención de Riesgos", en concordancia con las disposiciones contenidas en el artículo 66 de la Ley Nº 16.774 que establece la obligación de crear un Departamento de Prevención de Riesgos Profesionales a las empresas mineras, industriales o comerciales que ocupen más de 100 trabajadores, y el artículo 9º del Decreto Supremo Nº 40, sobre Prevención de Riesgos Profesionales.
El Estado también ha jugado un rol protagónico en el éxito de la prevención de riesgos que se ha reflejado en porcentajes menores de accidentes del trabajo, y una educación accesible al trabajador a través de su página web w.w.w..inp.cl o w.w.w.prevensiónderiesgos.cl, portales a través de los cuales se puede acceder fácilmente a las materias sobre seguridad social en Chile.
Valga recordar que también resulta apropiado para empleadores y trabajadores conocer el Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo, publicado en el Diario Oficial de 29 de Abril de 2000, vigente 90 días después de su publicación, según se indica en su artículo 119, y que deroga el Decreto Nº 745, de 1992, anterior normativa sobre la misma materia.
Para entregar a través de esta publicación toda la normativa que regula el área, el texto cuenta con un Apéndice que incluye la Reglamentación que para la Ley Nº 16.774 se ha publicado en el Diario Oficial, desde 1968, hasta el Decreto Supremo Nº 67, de marzo de 2000; a saber:
• D.S. Nº 101, de 1968: Este decreto reglamenta la aplicación de la Ley Nº 16.774, haciendo las definiciones del caso, como las relativas a quiénes serán los beneficiarios de este seguro, quiénes administrarán los fondos que se capten con esta cotización obligatoria, las prestaciones, los reclamos y procedimientos para efectuarlas, etc.;
• D.S. Nº 109, de 1968: A través de este reglamento se califican y evalúan los accidentes del trabajo, señalando que corresponderá efectuar la declaración, evaluación, reevaluación y revisión de las invalideses a las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez de los Servicios de Salud (COMPIN), excepto para los afiliados a Mutualidades de Empleadores, que deberán tramitarlas ante estas entidades.
• D.S. Nº 40, de 1969: Este Reglamento sobre Prevención de Riesgos Profesionales, que establece las normas que rigen el Título VII y materias afines de la Ley Nº 16.774, y la aplicación del artículo 171 del Código del Trabajo.
• D.S. Nº 54, de 1969: Reglamenta la Constitución y Funcionamiento de los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad, compuesto por representantes de los trabajadores y los empleadores, cuyas decisiones serán obligatorias para ambas partes, en lo referente a las normas de seguridad e higiene que se acordarán por simple mayoría.
• D.S. Nº 173. de 1970: Este Reglamento dice relación con las rebajas o recargos sobre la cotización adicional, en relación a la opción que tienen las empresas de solicitar se rebaje su cotización adicional por haber adoptado medidas de prevención que hayan rebajado apreciablemente su índice de accidentabilidad.
Seguidamente, en el Apéndice se incluye el Decreto Supremo Nº 313, de 1973, a través del cual el Presidente de la República establece las condiciones que se deben cumplir para la incorporación de los escolares a este seguro de accidentes, de acuerdo a las facultades que se le otorgan en el artículo 3º de la Ley. Asimismo, se incluyen los posteriores Decretos publicados en el Diario Oficial para la incorporación de los trabajadores que se indican:
• D.F.L. Nº 2, de 1986: Incorpora a los campesinos asignatarios de tierras en dominio individual, a los suplementeros, a los profesionales hípicos dependientes, a los conductores propietarios de vehículos de alquiler, a los pirquineros y otros trabajadores que habían quedado fuera del sistema por no haber pertenecido a alguna Institución del antiguo Sistema Previsional, incorporados a una A.F.P.;
• D.F.L. Nº 54, de 1987: Incorpora a los conductores propietarios de vehículos motorizados de locomoción colectiva, de transporte escolar y de carga afiliados al nuevo Sistema de Previsiones del D.L. Nº 3.500;
• D.F.L. Nº 101, de 1989: Incorpora a los pescadores artesanales independientes en labores propias de dicha actividad que se encuentren afiliados al antiguo o nuevo sistema de pensiones.
• Ley Nº 19.345, de 1994: En esta ley se incorpora a los trabajadores del sector público que no estaban amparados por este seguro, y a través del Decreto Supremo Nº 168, de 1996, los incorpora también al Reglamento contenido en el Decreto Supremo Nº 54, de 1959, sobre Comités Paritarios.
• D.F.L. Nº 192, de 1996: Incorpora a los Socios de Sociedades de Personas, Socios de Sociedades En Comandita por Acciones, empresarios individuales y directores de Sociedades en general, que se desempeñen como trabajadores independientes en la respectiva sociedad o empresa y que en esa calidad sean cotizantes del antiguo o nuevo sistema previsional.
Cada uno de estos D.F.L. consigna el porcentaje a cotizar y el adicional de riesgo en que se cataloga su actividad. También incluye esta última parte del Apéndice el D.F.L. Nº 11, de 1993, que establece la tasa adicional que deberán pagar los profesionales hípicos independientes, diferenciando la que correspondería a los jinetes y otro para los preparadores, herradores y ayudantes de herradores.
Finalmente, se incluye el Decreto Supremo Nº 67, publicado en el Diario Oficial de 7 de marzo de 2000, que deroga el Decreto Supremo Nº 173 a partir del 1 de julio de 2001, porque sus normas regirán la aplicación de los artículos 15 y 16 de la Ley Nº 16.774, esto es, aplicar las exenciones, rebajas y recargos de la cotización adicional diferenciada. Esto es un buen aliciente para crear conciencia sobre lo beneficioso que resulta aplicar en las empresas un sistema de prevención de riesgos y de la educación que se debe entregar a los trabajadores. Efectuar una cotización adicional menor significa un estímulo económico que baja los costos de producción, en ese sentido el legislador pretende bajar las tasas de siniestralidad, finalidad principal de las normas que contiene este texto.

Editorial Jurídica Manuel Montt S.A. ha concebido las nuevas publicaciones actualizadas de su línea editorial Ediciones Publiley como textos integrales, que recojen las normas que las modifican, que integran nuevas que las complementan, y además, que incluyen información disponible en los portales institucionales que hacen más comprensible el estudio de la materia legislativa de que se trate.